El Retorno Social de la Inversión (SROI; Social Return On Investment) es un método que añade principios de medición del valor extra-financiero en relación a los recursos invertidos; es decir, el valor social y ambiental que actualmente no se refleja en las cuentas financieras convencionales, que está desarrollado a partir de un análisis tradicional de costo-beneficio y la contabilidad social, siendo un enfoque participativo que permite capturar en forma monetaria el valor de una amplia gama de resultados, tengan éstos un valor de mercado o no. El objetivo es producir una especie de relato de cómo una organización, programa, proyecto, iniciativa, etc., crea valor (teoría del cambio) y un coeficiente que indica cuánto valor total en euros se crea por cada 1€ invertido.
Se trata de una metodología creada a mediados de los noventa en San Francisco, destinada a valorar las inversiones de fondos públicos en las organizaciones sociales. Posteriormente la misma ha sido revisada por la NEF (New Economics Foundation) en 2000s con la colaboración de Administraciones Públicas en el Reino Unido. En la actualidad es una metodología muy utilizada por la Administración británica y algunos de los ejemplos pioneros y más relevantes de su utilización son el “Análisis de los impactos sociales y ambientales de la construcción de una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow en Londres” o la “Incorporación de análisis SROI en el proceso de licitación público para el proyecto de rehabilitación de puerto de Sydney en Australia”.
La inclusión del SROI en el ámbito público parte de la convicción de que una gestión pública responsable y adecuada, con proyección a corto, medio y largo plazo, exige ineludiblemente a nuestras administraciones públicas disponer y desarrollar metodologías y herramientas para la medición del retorno e impacto económico, social y medioambiental de la utilización de los fondos públicos. Con la exigencia de la aplicación de la metodología SROI se pretende evaluar el retorno económico directo de la inversión, medir el impacto que un proyecto o iniciativa causa en los grupos de interés involucrados y determinar los ahorros directos e indirectos que se obtienen, por lo que se convierte en una herramienta a la que someter gran parte de las decisiones de inversión y gasto públicos que hacen las Administraciones.
Esta forma de actuar, desde lo público, ha de ser exigida por el ciudadano, y con más razón, en el actual contexto de austeridad, reducción presupuestaria y consolidación fiscal. Así ocurre en muchos países OCDE, donde este tipo de metodologías y herramientas ya se aplican de forma sistemática, sobre todo cuando se trata de servicios públicos que son prestados por otras entidades (cuarto sector, empresas, etc.).
La evaluación a priori (y el contraste a posteriori) de las políticas y decisiones públicas de gasto e inversión, en las que se persiga la optimización de la gestión de los recursos e impactar de forma positiva en la sociedad, de forma que se conozca exactamente la utilidad generada, redundará en una mayor transparencia del uso de fondos públicos y en una mayor capacidad del ciudadano para evaluar a los responsables de la gestión de los mismos.
¡La sociedad civil está preparada y lo exige! ¿Están preparados nuestros gestores de lo público y/o nuestros políticos?
