Este siglo XXI se denomina “el siglo de la diversidad”; un siglo donde términos como minusválido, minusvalía, retrasado, inútil… solo quedan en las bocas de aquellos que no son conscientes de sus propias limitaciones (porque todos las tenemos), esas que hacen que solo se puedan apoyar en estereotipos ancestrales para intentar ocultar su desconocimiento y su falta de preocupación. Lo cierto es que el término a usar hoy es “diversidad funcional”, aunque soy más partidario del americanismo “persona con reto”. Así, las personas con reto afrontamos este siglo XXI con el establecimiento de tres objetivos: fomento de la vida independiente, reivindicación de servicios eficaces y la demanda de mejoras en todos los ámbitos en los que la inclusión aún no es completa.
La posibilidad de trazar el propio y personal itinerario vital sin injerencias del entorno, de manera autónoma e independiente, es una aspiración legítima, es un derecho de todos los seres humanos. Una aspiración que está condicionada por múltiples factores en el caso de personas con diversidad funcional. Condicionantes que dificultan, por no decir imposibilitan, que muchos ciudadanos puedan desenvolverse y desarrollarse en libertad. Se trata, ni más ni menos, de que toda persona tenga garantizada su capacidad de pensar, de actuar y de decidir qué hacer o qué no hacer con su vida, a partir del acceso a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de capacidad de elección.
La consciencia de que gran parte de las limitaciones que la diversidad funcional significa son motivadas por defectos de funcionamiento de la sociedad (barreras arquitectónicas, mentales, emocionales, de comunicación, de desconocimiento…), traslada a las administraciones públicas la responsabilidad y el reto de poner en marcha nuevos proyectos encaminados a la provisión de servicios y recursos que permitan una vida digna, que permitan el ejercicio de todos los derechos y deberes inherentes a la ciudadanía y que fomenten la inclusión y participación activa en la sociedad. Las personas con capacidades diferentes no tienen que pedir disculpas por ello, sino al revés: es la sociedad, a través de sus representantes, quién tiene que pedirlas por no tener garantizadas las condiciones necesarias para la normalización de la vida independiente.
Así, con esta visión, es como el tejido asociativo vinculado a la promoción de los derechos de las personas con diversidad funcional tienen tiene que encarar el futuro de su intervención en el ámbito de las personas con reto. Cooperando con las administraciones, pero exigiendo las políticas, recursos e iniciativas necesarias para alcanzar los objetivos descritos. Cooperando con usuarios y familias, pero exigiendo la renuncia a modelos y actitudes paternalistas, asistencialistas y de protección o dependencia. Cooperando con el resto de colectivos sociales, pero exigiendo su inclusión bajo el supuesto de partida “nada sobre nosotros, sin nosotros”. Cooperando con la ciudadanía en general, pero exigiendo que respete derechos, garantice igualdad y condene la exclusión.
Perseverancia, tenacidad e ilusión son necesarias para este cambio de orientación. Un reto para el futuro, difícil pero alcanzable.
